La erosión de la confianza en las agencias reguladoras no va a mejorar la rendición de cuentas democrática, advierte Bernhard URL. El trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA en inglés) es evaluar lo que podría hacer que los alimentos sean inseguros.
Eso es bastante difícil. Es aún más difícil cuando la agencia se encuentra en el centro de un debate público que va mucho más allá de la ciencia.
Esto ha sucedido con edulcorantes artificiales, los organismos genéticamente modificados (GM) y el glifosato, el herbicida más ubicuo del mundo. Cuando las preguntas acerca de los valores de una sociedad son empujados hacia las agencias científicas en lugar de los funcionarios elegidos, la evaluación científica sufre.
La controversia glifosato comenzó en serio años dos años y medio atrás, cuando la EFSA y expertos designados por los miembros de la Unión Europea llegaron a la conclusión de que el producto es poco probable que sea un cancerígeno. A finales del 2017, la Comisión Europea renueva una licencia que permite la venta del herbicida. La conclusión de la EFSA contradice la de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que había clasificado el producto químico como “probablemente cancerígenos”, anteriormente, con lo que genera su propia cuota de controversia.
Que las agencias lleguen a conclusiones diferentes, no es sorprendente: cada una considera diferentes cuerpos de evidencia científica y metodologías. Otras evaluaciones independientes - por la Agencia Europea de Sustancias Químicas y organismos reguladores de los Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia - estuvieron de acuerdo con la EFSA. Así también lo hizo un órgano de expertos sobre residuos de plaguicidas convocados por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.
Aun así, la divergencia entre la conclusión de la EFSA y la IARC han sido debatidas por los legisladores de Bruselas a Berlín y más allá. Hemos visto historias de miedo sobre niveles de trazas de residuos de glifosato en la cerveza alemana o la pasta italiana - pero éstas no mencionan que las cantidades observadas de los residuos de herbicidas podrían plantear riesgos sólo si una persona consume alrededor de 1.000 litros de cerveza o el peso de su cuerpo en la pasta seca en un día.
¿Por qué la locura? Las agencias que encuentran bajo riesgo de los productos regulados, a menudo son acusadas de influencia indebida de la industria. Nosotros en EFSA creemos que algunos defensores no están dispuestos a aceptar cualquier evidencia de que ciertas sustancias reguladas son seguras, y vamos a tratar de vender los estudios científicos que muestran la debilidad de lo contrario. Los mismos grupos aplaudieron a EFSA por las revisiones de los otros pesticidas, como neonicotinoides, que se considera peligroso.
Nos parece que algunos defensores cuestionan la ciencia de las evaluaciones de seguridad en la búsqueda de mayores argumentos políticos. Estos argumentos merecen un espacio para ser expresados- pero pertenecen a los políticos.
En los últimos dos años, la EFSA ha enfrentado varias acusaciones sobre su evaluación del glifosato. El más pernicioso de ellos, es que la agencia violó la buena práctica científica por plagio de información de la industria. Es cierto que el documento en cuestión, el informe de evaluación de la renovación producida por las autoridades alemanas, incluye una sección que resume la literatura publicada sobre toxicología, que contiene texto compilado por un comité de unas 20 empresas, incluyendo el fabricante original del glifosato, Monsanto. Pero esto es la práctica, y la EFSA tiene paneles de revisión por pares que vetaron el material que apareció.
La sección sobre la cual se alega como supuestamente copiada de la industria, también pone de relieve las preocupaciones sobre los productos que contienen glifosato. De hecho, fue utilizada para apoyar una recomendación de la EFSA en noviembre de 2015 para evaluar aún más la seguridad de los productos fitosanitarios que contengan glifosato. Esta sección se puso a disposición del público para hacer comentarios en el año 2014, pero las quejas de texto copiado por las agencias reguladoras llegó a finales de 2017, después de que otros se plantearon quejas acerca de la posible influencia de Monsanto sobre la literatura científica publicada.
Por lo tanto, cuando los defensores alegan que la EFSA no siguió el debido proceso en la evaluación científica del glifosato, creemos que realmente están armando barreras contra los problemas más grandes: el papel de las prácticas agrícolas modernas y empresas biotecnológicas multinacionales en nuestro suministro de alimentos.
Una discusión más amplia de la sociedad sobre estos temas es esencial, pero no se logrará recoger en la ciencia reguladora. Es el papel de los políticos representar los valores, necesidades y expectativas de sus electores a través de procesos democráticos. Esto está fuera de la responsabilidad de las organizaciones tales como la EFSA, que fueron creados para asesorar a políticos de la UE sobre cuestiones científicas.
Tres cambios ayudarían a los funcionarios elegidos y las agencias reguladoras para hacer su trabajo por separado. En primer lugar, las preguntas sobre los valores sociales deben formularse por delante de y fuera del trabajo científico. La UE debe dotarse de un marco legal y regulatorio para la producción de alimentos que tiene en cuenta las opiniones de los ciudadanos sobre la agricultura intensiva, el uso de pesticidas, organismos genéticamente modificados, la biotecnología, y la importancia de la biodiversidad. Esto proporcionará un foro de debate abierto y honesto.
En segundo lugar, las directrices reguladoras y legales deben elaborarse para gobernar la forma reglamentaria de cuerpos que interactúan con la industria y manejan la transparencia de los datos que utilizan.
Por último, los políticos tienen que decidir si están dispuestos a permitir la evaluación de riesgos de los productos regulados, como el glifosato y aditivos alimentarios, a seguir basándose en los estudios de seguridad encargados y pagados por la industria, como ha sido el caso durante décadas. Si es así, los políticos deben tener el valor de apoyar a los organismos reguladores encargados de la aplicación de estas normas. Si no es así, tienen que encontrar los fondos para realizar estos estudios en otros lugares. Sólo una vez que se hayan tomado estas medidas, las agencias reguladoras estarán libres de acusaciones de parcialidad cuando sus conclusiones científicas están en desacuerdo con la agenda política de un grupo de interés u otro.
Artículo en inglés: Nature 553, 381 (2018).
Traducción Cecilia González
Publicado: 08 de febrero de 2018
Fuente: Nature
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